Proponen hasta 10 años de prisión por negar justicia a víctima de violencia de género

Toluca, Méx.- La diputada Jennifer González, propuso dicha pena para la persona servidora pública del ámbito de justicia y seguridad que niegue la impartición de justicia a una víctima de violencia de género. Mientras que, planteó sanciones de 100 a 150 días multa, además de la destitución e inhabilitación correspondientes.

Lo anterior, con el propósito de incorporar los criterios establecidos en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 25 de marzo de 2015 sobre el delito de feminicidio.

Su iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad, también se podrán imponer de 100 a 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación que correspondan.

Dichas penas se dictarán cuando la o el servidor público, teniendo la obligación de investigar y sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, o bien obstruya la investigación y la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación.

Asimismo, plantea que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigue con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas, bajo el protocolo de feminicidio, incluidos los suicidios, accidentes y cualquier otra forma de muerte violenta.

La propuesta de la legisladora retoma el asesinato de Mariana Lima Buendía, ocurrido en 2010, el cual derivó en la sentencia de 2015 de la SCJN para considerar los homicidios cometidos en contra de mujeres como feminicidios.

Dicha resolución establece, entre otros puntos, que la inacción y la indiferencia del Estado ante tales casos llevan a la revictimización y a la discriminación.

Recordó que el Congreso mexiquense, tipificó en marzo de 2011 el delito de feminicidio, imponiendo una pena de hasta 70 años de prisión, la cual puede incrementarse hasta 93 años y 4 meses bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, señala que el delito no ha disminuido y en 2015 se cometieron 60; en 2016, 57; en 2017, 70; en 2018, 115; en 2019, 121; en 2020, 151; en 2021, 145; en 2022, 138; y en 2023, 89, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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